La magistrada más popular del país por investigar grandes tramas de corrupción, Mercedes Alaya Rodríguez siempre ha sido muy reticente con los medios de comunicación manipuladores, y ahora se decide hablar sin tapujos de lo que más le preocupa: no existe independencia judicial, conseqüentemente nuestro Estado de Derecho está seriamente debilitado...
¡Alarma, la justicia está politizada y corre mucho peligro!


La juez Alaya acusa sin medias tintas a la Fiscalía de ser el brazo ejecutor del control político, la misma Fiscalía a la que las más recientes reformas legislativas pretenden dotar de más poder en la instrucción de los procedimientos, y la misma Fiscalía a cuyo máximo responsable nombra el poder político.

Señala: "la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el paradigma del despropósito."

"En casos de corrupción, con los que lleva lidiando desde hace años,el fiscal tiene tanto control como que señala los límites de lo que se investiga. Sobre todo, aclara, porque no hay acusaciones particulares y el juez no puede ir "más allá."

"El Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para tratar de debilitar lo más profundamente que pueda el poder judicial... En los casos de corrupción la reforma supone divide y vencerás. Otorga al ministerio fiscal el control de los periodos de investigación judicial, es decir, la instrucción tiene que durar seis meses y entonces queda exclusivamente en manos del Ejecutivo... Aborda una legislación muy necesaria de intervenciones postales, telefónicas, etcétera, instrumentos necesarios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para los jueces para poder investigar los delitos. Pero en este tema yo creo que se adoptan dos decisiones inadecuadas. La primera es que las intervenciones telefónicas podrá adoptarlas el Ministerio del Interior sin jueces, con el compromiso de avisar en 24 horas al juez, aludiendo a casos de terrorismo. Esta medida no era necesaria. Es un arma tan de doble filo que yo creo que los riesgos son más grandes que los beneficios."

En una conferencia de Granada Alaya defendió el papel de la acusación popular, y enfatiza: "casi la única esperanza se encuentra en la sociedad civil para que los delitos de corrupción y los que amenazan los intereses públicos en general no queden impunes. ¡Es imprecincible la acción popular mediante el asociacionismo, hay que pasar a la acción!"

"La Constitución dice que la justicia emana del pueblo y no hay mayor representación de este mandato que el ejercicio de la acusación popular. (...) En este tipo de casos donde no hay más acusación que la pública y lo que se debate es un caso de corrupción o que le interesa al poder político, la justicia no es igual para todos; hay una justicia para los poderosos y otra justicia para los que no lo son. Esto desgraciadamente lo vemos los jueces todos los días: vemos cómo los escritos de acusación se modifican en función de las personas..."


Fuente: http://www.elmundo.es/cronica/2017/01/29/588c68ca22601d3d7c8b45e4.html